Página inicial: 112 Página final: 113
PEDAGOGÍA PARA LA PAZ: CONTEXTO DE POSACUERDO EN LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA[1]
Diana Leguizamón- Martínez[2]
Universidad Central de Bogotá, Colombia
E-mail: leguizamond@hotmail.com
Eduardo Sandoval-Obando[3]
Universidad Autónoma de Chile, Chile
E-mail: eduardo.sandoval@uautonoma.cl
Para citar este artículo /To reference this article /Para citar este artigo
Leguizamon-Martínez, D. y Sandoval-Obando, E. (2019). Pedagogía para la paz: contexto de posacuerdo en la frontera colombo venezolana. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 3(5), 112-113. http://dx.doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog19.09030507
Recibido: marzo, 28 de 2019 /Revisado: junio, 12 de 2019 / Aceptado: agosto, 21 de 2019
Resumen: El artículo se inspira en la observación de las dinámicas locales desde el quehacer profesional de los autores y experiencias tales como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana como proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/Programa por la Paz, la presente reflexión se orientó a elucidar los escenarios necesarios a considerar en la comprensión de la pedagogía para la Paz como contexto de posibilidad y esperanza para el fortalecimiento del tejido social desde la consolidación de escenarios de mediación y conversación en el contexto de frontera. La metodología de desarrollo del tema se basa en una revisión bibliográfica alrededor de la descripción general sobre las condiciones humanitarias de Venezuela y Colombia y las complejidades que ellas tejen en el contexto fronterizo, elucidando como fin, una reflexión sobre cómo la Violencia resulta en un mecanismo de poder y control geopolítico desde intereses globales en contextos particulares, ante lo cual la mirada de la pedagogía para la paz, como posición micropolítica y de conocimiento situado, permite ir tejiendo lazos de confianza y reflexión para la humanización, en tanto empatía en el vínculo, de las relaciones.
Palabras clave: Paz, violencia (Tesauros); conflicto, Latinoamérica (palabras clave del autor).
Pedagogy for peace: the post-agreement context on the colombo venezolana border
Abstract: The article is inspired by the observation of local dynamics in the professional work of the authors and experiences such as the School of Peace and Citizen Coexistence as a pedagogical project that is part of the Conflict, State and Development Team of the Research Center and Popular Education (CINEP) / Peace Program. The present article is intended to elucidate the necessary scenarios to consider in the understanding of Pedagogy for Peace as a context of possibility and a hope for the strengthening of the social fabric through the consolidation of scenarios of mediation and conversation in the border context. The methodology is based on a bibliographic review around the general description of the humanitarian conditions of Venezuela and Colombia and the complexities that they weave in the border context, elucidating, as a goal, a reflection on how violence results in a mechanism of power and geopolitical control from global interests in particular contexts, to which the view of Pedagogy for Peace, as a micropolitical position and situated knowledge, allows weaving bonds of trust and reflection for humanization of relationships and forsters empathy through those bonds.
Keywords: Peace, violence (Thesaurus); conflict, Latin America (Keywords of the author).
Pedagogia para a paz: contexto pós-acordo na fronteira colombo venezolana
Resumo: O artigo foi inspirado na observação das dinâmicas locais a partir do trabalho profissional dos autores e de experiências como a Escola de Paz e Convivência Cidadã como um projeto pedagógico que faz parte da Equipe de Conflito, Estado e Desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Educação Popular (CINEP) / Programa pela Paz, a presente reflexão foi orientada a elucidar os cenários necessários a serem considerados na compreensão da pedagogia para a paz como um contexto de possibilidade e esperança para o fortalecimento do tecido social desde a consolidação de cenários de mediação e conversação no contexto fronteiriço. A metodologia de desenvolvimento do tema foi baseada em uma revisão bibliográfica em torno da descrição geral das condições humanitárias da Venezuela e da Colômbia e as complexidades que elas tecem no contexto fronteiriço, elucidando como objetivo, uma reflexão sobre como a violência resulta em um mecanismo de poder e controle geopolítico de interesses globais em contextos particulares, para os quais a visão da pedagogia para a paz, como posição micropolítica e de conhecimento situado, permite tecer laços de confiança e reflexão para a humanização, enquanto empatia no vínculo , de relacionamentos.
Palavras-chave: Paz ,violência (Tesauro); conflito, América Latina (Palavras-chave do autor).
INTRODUCCIÓN
Para 2018, Colombia tuvo bastante dinamismo político por los ciclos electorales legislativos y ejecutivos. El sector más crítico de los Acuerdos de Paz gana la presidencia de la República y lo que se ve en los primeros meses de gobierno, es una “reestructuración unilateral” del Acuerdo de Paz. Desde 2016, la situación humanitaria de Colombia estaba en reajuste, no obstante, el 2018 se posiciona como un punto de quiebre, puesto que hay un detrimento de la situación humanitaria. Lo anterior, explicado por una dinamización del crimen organizado, el aumento en los cultivos ilícitos, las disidencias de las FARC, la expansión del ELN y los efectos multilaterales de situación humanitaria en Venezuela.
En Venezuela, por otro lado, se presenta en los últimos dos años una exacerbación de la crisis económica, política, social e institucional, debido a la desactivación de la producción nacional y a la presión económica internacional. Escenarios tales como el aumento de las protestas, la falta de seguridad alimentaria, el precario acceso a servicios de salud y educación, son solo algunas de las expresiones del impacto de la crisis en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Entre Colombia y Venezuela se encuentran los más altos índices de violencia en la región sumado a los grandes escándalos de corrupción, inequidad, narcotráfico y bifurcación del monopolio legítimo de la violencia. Se calcula que más de 3.3 millones de venezolanos han salido del país, huyendo de la grave recesión económica y el aumento de la violencia, tanto política como criminal (Barrera, 2018). El territorio fronterizo colombo-venezolano es, por tanto, una zona en la que convergen dos difíciles realidades nacionales. De cada lado de la frontera se entretejen realidades complejas con un gran impacto en quienes habitan estos territorios y en quienes cruzan la frontera, ya sea con vocación de permanencia, por desplazamiento forzado o simplemente transitando para llegar a otro lugar.
Desde el lado colombiano, se observan profundas afectaciones humanitarias en los departamentos fronterizos de Arauca y Norte de Santander. En estos territorios se materializa la incapacidad del Estado a la hora de implementar un programa eficaz de sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento de medios de vida. Asimismo, persiste la amenaza a líderes sociales, el confinamiento, la restricción de la movilidad, atentados y asesinatos por la presencia de grupos armados. Desde el lado venezolano se han identificado dinámicas violentas por la presencia de bandas criminales que, en ocasiones, actúan con la complicidad y/o colaboración de las fuerzas militares y policiales (Mijares y Rojas, 2018).
Y es allí, en estos escenarios paradójicos, convulsivos, inestables, irreconocibles, crudos, injustos, complejos y enriquecidos de narrativas profundas y alteridades, donde las iniciativas a convocarnos humanamente, a dignificar la existencia humana y a construir escenarios de encuentro y común acuerdo, son el sustento de la esperanza de sentirnos “Uno” más allá de las fronteras, violencias y corrupciones que nos homogenizan, invisibilizan y separan. La humanidad se ha debatido desde siempre en ese cruce entre la luz y la oscuridad, en donde la última hace posible la primera. Sólo la presencia del conflicto y de la guerra nos hace preguntarnos por la urgencia de la Paz como escenario para reposar, encontrarnos, pensar en la vida que vivimos. La Paz como postura y también la Paz como metodología, como estrategia de encuentro.
METODOLOGÍA
Inspirada en la observación de las dinámicas locales desde el quehacer profesional de los autores y experiencias tales como La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana como proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Cinep/Programa por la Paz, la presente reflexión se orientó a elucidar los escenarios necesarios a considerar en la comprensión de la pedagogía para la Paz como contexto de posibilidad y esperanza para el fortalecimiento del tejido social desde la consolidación de escenarios de mediación y conversación ante la crisis migratoria fronteriza, que además de estar delimitada por crisis de gobernabilidad, se inscribe en un escenario delicado y vulnerable del llamado “posacuerdo” entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia).
Para este fin, el presente escrito se basa en una revisión bibliográfica alrededor de las palabras claves descritas, desde la descripción general sobre las condiciones humanitarias de Venezuela y Colombia y las complejidades que ellas tejen en el contexto fronterizo, elucidando como fin, una reflexión sobre cómo la violencia resulta en un mecanismo de poder y control geopolítico desde intereses globales sobre contextos particulares, ante lo cual la mirada de la pedagogía para la paz, como posición micropolítica y de conocimiento situado, permite ir tejiendo lazos de confianza y reflexión para la humanización, en tanto empatía en el vínculo, de las relaciones.
DISCUSIÓN TEORICA
Colombia y el conflicto armado
Colombia es un país caracterizado por la presencia histórica del conflicto armado interno; una larga tradición de violencia que en su dinámica histórica desbordó el enfrentamiento entre los actores armados, vinculando y afectando de múltiples maneras a la población civil dentro de estrategias de guerra por el control territorial. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y Corporación Región, desde la perspectiva jurídica del derecho internacional humanitario (DIH), el conflicto armado se entiende como un enfrentamiento interno prolongado entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos que poseen una organización mínima, o entre estos grupos, y que surge en el territorio del Estado, alcanzando un nivel mínimo de intensidad (Salazar, 2013).
Más allá de la definición jurídica, en el contexto colombiano es necesario acentuar dos aspectos que subyacen a su definición formal: su carácter político y sus implicaciones socioculturales. Por una parte, el significado sociohistórico del conflicto remite a su carácter político, ampliando la noción de conflicto armado hacia el conjunto de circunstancias y acciones mediante las cuales se contrastan y confrontan en una sociedad, distintas concepciones de vida, ser humano, sociedad y cultura, a través del uso de la violencia y el ejercicio de la guerra con el propósito de sostener o transformar un orden social y político determinado (Nussbaum, 2012). Por otra parte, en términos de sus implicaciones socioculturales, tal confrontación armada exacerbó una cultura política nacional tradicionalista, especialmente caracterizada por el sectarismo.
En Colombia ha predominado una concepción de la política en la cual el disenso o la oposición son vistos antes que como elementos constitutivos de la comunidad política, como amenazas a la integridad de esta o a la concepción de orden dominante en cada momento (Salazar, 2013). Se trata de la persistencia de una cultura política que no ha logrado superar la exclusión ni mucho menos integrar la diferencia de forma activa en la lucha por el poder. En su lugar, hay una tentación latente al pensamiento único o al dogmatismo, que limita o incluso alimenta la violencia. Es bajo esta perspectiva que el campo político integró, como rasgo distintivo de sus dinámicas, la eliminación del adversario o del disidente (Martínez, 2016).
El uso de las armas como una forma de hacer política y una cultura política caracterizada por el sectarismo explican en parte la inestabilidad y precariedad democrática en un sistema político cerrado y excluyente, caracterizado por el continuismo, situación que lleva a afirmar que quizá el principal problema del país no es encontrar solución política al conflicto armado sino construir democracia (Nussbaum, 2012). Pero incluso en el contexto regional latinoamericano de democratización de la década de los ochenta y noventa, tras la caída de las dictaduras cívico-militares y los procesos de transición a la democracia, Colombia no tuvo un proceso de reforma y cambio político a gran escala, a pesar de la desmovilización parcial de varias agrupaciones guerrilleras y de la suscripción de la Constitución Política Nacional en 1991.
De tal manera, en la Postguerra Fría el conflicto armado colombiano no terminó como ocurrió en el resto de América Latina (Ramírez, 2011). En Colombia, al tiempo que se fue disminuyendo el número de agrupaciones guerrilleras de segunda y tercera generación (manteniéndose las FARC y el ELN, las dos guerrillas de primera generación), emergieron los actores de la violencia narco-paramilitar, fenómeno que degradaría aún más el conflicto armado, facilitando que los gobiernos de turno fueran desdibujando el carácter social y político del mismo para reducirlo a una amenaza “narcoterrorista” contra la población civil, motivada por el control de las economías ilegales en los territorios (Medina, 2009).
Esta concepción ideológica se consolidará sobre todo después del fracaso de los diálogos de paz con las FARC en San Vicente del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), tras los atentados terroristas a los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, y con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en el que se intentó la derrota político-militar de las guerrillas y se llevó a cabo un cuestionado proceso de negociación con los grupos de autodefensa o paramilitares (Medina, 2009). El resultado de ello fue un movimiento social diezmado, unas guerrillas debilitadas política y militarmente y la emergencia de bandas criminales neo-paramilitares que en la actualidad mantienen la dinámica de confrontación en los territorios del país con otros actores armados ilegales.
Este cuadro no quedaría completo si no señalara que, paralelamente al desarrollo histórico del conflicto, otra de sus características ha sido la búsqueda de la paz a través de salidas negociadas (Medina, 2009). Así, en la primera generación de negociaciones de paz, correspondiente a los años ochenta, se destacaron las iniciativas gubernamentales, procesos de negociación o sometimiento de algún grupo armado reconocido, sin participación de actores de la sociedad civil. Ya para el período de 1990 a 2004, esta participación con iniciativas se traduce en un movimiento por la paz que abarcaba un amplio rango de afiliaciones sociales, económicas, ideológicas y étnicas que pueden agruparse con base en criterios sociales, funcionales y étnicos.
El contexto del posacuerdo en Colombia.
En la última década la conflictividad en Colombia cambió. Tras 50 años de guerra con una de las guerrillas más antiguas del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los intentos de diálogo con el siguiente grupo guerrillero con mayor presencia en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han puesto en el tapete situaciones novedosas, como el desarrollo de la Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios (Ley Nº 1448, 2011) los debates sobre justicia transicional y justicia restaurativa; los ejercicios de memoria histórica, las acciones de perdón y reparación, y por último las medidas institucionales para garantizar derechos básicos.
En este camino, la búsqueda de la Paz se ha sumado a los desafíos de garantizar condiciones estructurales para la vida y la seguridad de las comunidades, especialmente en las zonas periféricas, fronterizas y de tránsito y presencia de grupos armados ilegales o de bandas organizadas alrededor del narcotráfico (Bautista, 2017). La firma de los acuerdos de Paz en el año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, abrió las puertas a un escenario de posacuerdo configurando a partir de allí una nueva serie de políticas públicas que tuvieron como novedad la finalización de una situación conflictiva directa respecto a este grupo insurgente. El posacuerdo implica entonces la reconfiguración de la agenda política de gran parte del país en el corto y mediano plazo, abarcando de manera coordinada los campos de la seguridad, la justicia, la economía y la cooperación (Bautista, 2017).
Algunos de los hitos en procesos de Paz más importantes durante los años noventa en Colombia que permiten hablar de un contexto actual de posacuerdo, son (OACP, 2015):
Marzo 9 de 1990: Acuerdo político entre el Gobierno Nacional, los partidos políticos, el M-19 y la Iglesia católica en calidad de tutora moral y espiritual del proceso; enero 25 de 1991: Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); febrero 15 de 1991: Acuerdo final entre el Gobierno nacional y el Ejército Popular de Liberación (EPL); mayo 27 de 1991: Acuerdo final entre el Gobierno nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), marzo 20 de 1992: Acuerdo entre los Comandos Ernesto Rojas y el Gobierno nacional; abril 9 de 1994: Acuerdo político final entre el Gobierno nacional y la Corriente de Renovación Socialista (CRS); junio 30 de 1994: Acuerdo final entre Gobierno nacional y Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera; julio 29 de 1998 Acuerdo final entre Gobierno nacional y el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados.
De lo anterior, el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC iniciado en el 2012, se vio enriquecido por lecciones aprendidas que llevaron a la construcción de un marco legal de justicia especial para la paz en la atención e inspección de crímenes de lesa humanidad, y la promoción de la participación de la sociedad civil (OACP, 2015).
En el año 2012 se dio inicio al proceso de negociación del Gobierno nacional con las FARC, y se acordó el trabajo sobre: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Implementación, Verificación y Refrendación.
En este contexto, se desarrolló la Ley Nº 1448 (2011), por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones concernientes a Justicia, Reparación y Verdad desde componentes transicionales y restaurativos. En este punto la intervención psicosocial, las garantías de no repetición y la pedagogía para la paz, han sido ejes centrales en la implementación de la ley en el marco del enfoque diferencial. Dicho enfoque, reconoce que las personas y los colectivos son titulares de derechos y tienen particularidades y necesidades específicas que requieren respuestas diferenciadas por parte del Estado y la sociedad, para alcanzar mejores niveles de bienestar de los diversos grupos poblacionales de acuerdo con sus formas de ver, estar y actuar en el mundo. En este acuerdo Final, se incorporan explícitamente los enfoques étnicos y de género.
Venezuela y la crisis del Estado.
En Venezuela hay una bifurcación del monopolio legítimo de la violencia. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (2018) se identifica al menos tres actores armados que operan en Venezuela. En primer lugar, están los llamados “colectivos” civiles que realizan funciones de seguridad ciudadana, apoyan planes de inteligencia y represión. Los colectivos son defensores de la Revolución Bolivariana y operan como “tropas de choque”, no obstante, algunos han entrado en conflicto con el gobierno de Maduro, puesto que lo consideran como un traidor de la Revolución. De igual manera, en sus zonas de influencia, estos grupos controlan la venta y distribución de alimentos, subsidios y medicamentos, así como la vida social.
En segundo lugar, están los llamados “pranes” y “megabandas”. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (2017) el sistema penitenciario de Venezuela ha estado en crisis y las prisiones son caldo de cultivo para la violación de derechos humanos por el hacinamiento, la carencia de servicios básicos, la posesión de armas y drogas por parte de los reclusos y demás. Hay una ausencia de control estatal en las prisiones venezolanas y en su lugar, aparecen los líderes conocidos como “pranes” para gobernar las mismas. El poder de los pranes va más allá de la cárcel puesto que también operan en asociación con pandillas o “megabandas” también conocidas como “sindicatos”. Las megabandas, que tienen una estructura vertical, ejercen control de facto en varias franjas del país, y se dedican al secuestro, la extorsión y otros delitos. En 2018, integrantes de una megabanda conocida como “El Tren de Aragua” fueron capturados por las autoridades peruanas, mostrando la dimensión regional de este tipo de actores.
En tercer lugar, se encuentran las guerrillas colombianas del ELN y las disidencias o reductos de las FARC. En cuanto al ELN, el Observatorio Venezolano de Violencia registra en el informe “La violencia presenta nuevos rostros en el país: el empobrecimiento y la letalidad policial” (2018), la presencia del ELN en 12 estados venezolanos. En algunos territorios, el ELN busca el control de mercados ilegales, el acceso y dominio de las minas de oro y coltán, y en otros, esta guerrilla ejerce un control sobre las comunidades y la realización de ejercicios de entrenamiento. De igual forma, dado el débil accionar de las autoridades tanto en Colombia como en Venezuela, hay una expansión de las facciones disidentes y reductos de las FARC en Venezuela, que se dedican al contrabando, al narcotráfico y a la minería ilegal. Asimismo, históricamente existió una afinidad y alianza entre las FARC y los colectivos civiles de Venezuela, por lo que existe la posibilidad de que disidentes del proceso de paz se unan a estas asociaciones cívico-militares.
Por último, cabe mencionar que, según este mismo informe, con una tasa de 81.4 Venezuela continúa siendo el país más violento de América Latina, y que de acuerdo a los pronósticos sobre los países más violentos de Centroamérica, duplicará la tasa esperada para Honduras este año (40 víctimas por 100 mil/h) y se ubicará por encima de la que tendrá El Salvador que se espera sea menor de 60 muertes por 100 mil/h. Asimismo, este observatorio en su informe anual del 2018 reportó 10.422 homicidios, 7.523 cadáveres catalogados como fallecidos por resistencia a la autoridad y 5.102 casos de averiguaciones de muerte (OVV, 2018).
Sumado a lo anterior, hay un escenario de crisis en seguridad alimentaria de manera generalizada. El adecuado acceso, disponibilidad y utilización de los alimentos, en la cantidad y calidad necesaria para un consumo adecuado, se ha hecho progresivamente imposible para la mayoría de la población, trayendo como consecuencia un acelerado deterioro nutricional, siendo más afectados los niños y niñas, las embarazadas, los adultos mayores, las personas en condiciones crónicas de salud. Impacto que llega a ser más negativo para las personas de los niveles socioeconómicos más bajos (Barrera, 2018). En el caso de niños/as, jóvenes y embarazadas puede tener efectos nefastos esta falta de una dieta acorde a su edad y condición.
La frontera colombo-venezolana y la transición
La región fronteriza que comparte Colombia y Venezuela es un área geográfica que posee fuertes características que le dan cierta particularidad respecto a los territorios del interior de cada país y también con respecto a otras fronteras: poblaciones con vínculos históricos muy estrechos a nivel económico, cultural y social; niveles de desarrollo social y económico por debajo de los promedios nacionales; presencia de multiplicidad de grupos armados al margen de la ley que luchan por el control de economías ilegales; un extenso territorio poroso que en su mayoría es de tipo rural o selvático y en el que se ubican cientos de pasos irregulares o “trochas” que son usadas para contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, minerales y personas; y una institucionalidad pública con capacidades financieras, humanas y tecnológicas limitadas para tener la suficiente cobertura y calidad para responder a los retos que enfrenta en el territorio.
La línea imaginaria de frontera de 2.219 kilómetros que inicia en la Piedra del Cocuy (Amazonas venezolano) y llega hasta la Bahía Cocinetas, (La Guajira colombiana) delimita el territorio sobre el que no solo los estados de Colombia y Venezuela ejercen su soberanía, sino que también demarcan y configuran identidades, procesos culturales, dinámicas políticas, económicas y cotidianas de sus habitantes. A lo largo de esta línea se identifican cinco ámbitos fronterizos o territorios, entendidos como lugares diversos de identidad cultural e histórica y de mayor intensidad en las relaciones: Caribe-Guajiro, Perijá-Catatumbo, Andino, Llanero y Amazónico (Ramírez, 2011). En estos ámbitos convergen siete departamentos de Colombia: Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía; cuatro estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas; y trece jurisdicciones eclesiásticas entre arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos.
Desde la constitución de ambas naciones, las relaciones de vecindad han transitado por períodos conflictivos y cooperativos (Ramírez, 2011), en una incesante y obligada tensión e implicación que no ha logrado configurar hermanamientos favorables y definitivos en el tiempo, sino que más bien se han debatido en diversas polaridades que han afectado la confianza entre las poblaciones de ambos lados de la frontera y sus gobiernos, y las dinámicas económicas para la región (Perdomo, 2011).
Desde este marco, el escenario fronterizo entre Colombia y Venezuela evidencia que la construcción de paz no es un proceso autónomo que corre paralelo a la dinámica de la sociedad en su conjunto; sino que, por el contrario, se da al interior de las sociedades, en sus relaciones y entorno, y en el contexto de sus virtudes y ausencias. La construcción de paz en un país determinado es una ruta multifacética y compleja que involucra diferentes actores, visiones, escenarios, procesos, poderes y estructuras de dominio y condicionantes externos (Diez, 2016). Como resultante histórica se construye en medio de altibajos, crisis, consolidaciones parciales, avances y retrocesos. Por tanto, la paz no es un umbral que se alcanza y no admite retorno, puede ser reversible, sus fronteras son móviles y su mantenimiento supone una determinada correlación de fuerzas que le dé sustento social y estatal (Martínez, 2016).
La paz no supone un estado permanente, sino un proceso inestable, parcial y siempre emergiendo de la violencia y la guerra, a distintos niveles societales. La paz entendida como proceso y no como fin, permite pensar las relaciones desde lentes de cambio continuo en donde el conflicto es un escenario para renovar o transformar relaciones (Mejía, 2012). Dicha transformación señala que los conflictos no solo hay que resolverlos sino transformarlos hacia relaciones reestructuradas. La transformación alude a la capacidad de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivos que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y que respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas (OACP, 2015).
Aunque es en los procesos de cambio donde anida la transformación, Lederach (2000) considera que si se pone el énfasis en la “resolución de conflictos” se trata entonces, de encontrar una solución no violenta y un acuerdo sobre el contencioso. La búsqueda, en este caso, se orienta a encontrar respuestas a los problemas. Esta fórmula es, por supuesto, muy importante para resolver los conflictos inmediatos; sin embargo, las soluciones coyunturales no toman en cuenta los aspectos profundos que subyacen en las pautas de comportamiento y dinámicas relacionales. Por este motivo, pueden proveer alivio temporal, pero se pierden importantes oportunidades de aspirar a un cambio más constructivo, amplio y, sobre todo, sostenible.
La transformación del conflicto ve el problema presente como una oportunidad potencial para transformar la relación y los sistemas en los que estas relaciones están incrustadas. Al respecto, Lederach (2000) puntualiza que en el centro del enfoque de la transformación convergen el contexto de las relaciones, una visión del conflicto como oportunidad y el fortalecimiento de procesos de cambio creativos.
La Violencia fronteriza como uno de los síntomas de la Violencia en América Latina
El anterior panorama nos deja ante un escenario complejo en el que pareciera que, ante la discontinuidad de políticas estatales frente a la consolidación de la paz con las guerrillas y la continuidad integral de los acuerdos pactados y la crisis social e institucional en Venezuela con sus consecuencias económicas y de “estabilidad” para la frontera, éstos países estuvieran envueltos en una suerte de círculo de patrones que van y vuelven y oscilan históricamente en épocas más o menos fuertes y dramáticas de violencia. Sin embargo es necesario acá plantear un análisis que introduce Boedi (2013) en torno a que, Latinoamérica en su amplia divergencia y magnitud, vive en tiempos de guerra y violencia generalizada en tanto que representa un proceso diseñado para determinar las relaciones de poder de las clases y para asegurar la distribución desigual de los bienes sociales en función de un modelo económico Capitalista que se presenta no sólo como una forma de acumular ganancias en manos de unos pocos, sino que también es el escenario de la producción y la concentración del poder (Ogilvie, 2013).
Siguiendo con esta idea, Sofsky (2004) plantea que los capitalistas de todo el mundo deben enfrentar el hecho de que la civilización capitalista está en crisis. Esta crisis se manifiesta no sólo en la tendencia descendente de las tasas de crecimiento, que ha alcanzado un punto de no retorno: el desastre ecológico. La crisis de la civilización también tiene un rostro político y social. Desde un punto de vista político, el estado ya no está en posición de establecer la hegemonía, por lo que recurre a formas de gobierno develado. Desde un punto de vista social, la crisis se manifiesta en la incapacidad de vivir juntos, los problemas comunes se resuelven con soluciones individuales: formas privadas de salir de los problemas colectivos.
Al respecto, Acebey (2015), en la compilación del ciclo de conferencias que se organizó por parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) celebrado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010, teje a lo largo del texto, la idea de que la gran crisis está tratando de estabilizarse con la ayuda de un nuevo paradigma: el de la guerra. La guerra determina la dirección del sistema político y económico; Se ha establecido como una forma de gobierno y crea áreas grises en las que los límites entre la política y los negocios están borrosos. Al mismo tiempo, crea prácticas cotidianas y define la percepción del entorno (a través de fantasías de miedo e inseguridad), genera deseos (estructurados bajo la lógica del consumo insaciable), crea las condiciones de reproducción temporal y espacial de la existencia (formando el supuesto de que muchos viven dispensable para asegurar menos estabilidad). La guerra civilizada, define el bien y el mal de las prácticas sociales. Pero no solo, también sirve como un modelo de gobierno al definir las relaciones entre poder y obediencia.
En América Latina, la guerra produce un estado de amenaza: la amenaza como amenaza y la amenaza como compulsión. Junto con la amenaza se estableció la rigidez de choque: parálisis sin límites y asombro. La guerra aturde a la sociedad, al tiempo que anuncia que no hay barreras. Cada vez es más difícil mantener la distancia. Nuevos eventos están ocurriendo constantemente, mostrando que el punto más bajo de esta guerra aún no se ha alcanzado. Esto se manifiesta en las manifestaciones de poder más crueles, como el asesinato y la deportación.
La guerra en América Latina es una guerra contra los estilos de vida que se niegan a ser adoptados por los procesos de producción comercial. Para hacer esto posible, fue necesario un cambio de estructuras de poder e instituciones estatales. La guerra produce áreas grises en las que se desarrollan procesos que traen consigo múltiples distorsiones (formas legales de economía junto con formas ilegales de economía) (Scahill, 2013). Pero ahí no se detiene, el desarrollo de las instituciones genera formas que conmutan entre lo público y lo privado. No son los gobiernos ni los grupos criminales los que libran una guerra blindada. Son las nuevas formas institucionales en que, en condiciones simbióticas, privadas y públicas, Los actores legales e ilegales coexisten. No es una derrota del estado contra intereses privados o la invasión de poderes criminales, es un cambio de relaciones de poder. Un cambio en muchas direcciones: actores estatales que trabajan para empresas privadas; actores privados que trabajan en instituciones públicas; o las conexiones de servidores públicos con organizaciones criminales.
Es necesario tener en mente este cambio para reflexionar sobre el significado de la guerra actual, para comprender por qué los actores criminales y paraestatales son los más violentos en aquellas áreas donde se realizan las mayores inversiones de capital; ¿Por qué las grandes empresas transnacionales hacen grandes negocios donde gobiernan los "criminales"? Para que varios proyectos económicos coexistan en regiones en conflicto, se necesita un proceso de control social que garantice la distribución de oportunidades de manera más o menos consistente entre las diversas empresas que se han puesto en marcha. Esta tarea asume el poder general. Asegura cinco procesos centrales que determinan los caminos de la vida social en América Latina: el estado de emergencia permanente, el asesinato selectivo de grupos de población, condiciones estructurales de pobreza, la criminalización de migraciones y la protesta social, el asentamiento de multinacionales para la explotación de recursos, la industrialización de la cultura y la educación, la legitimación de la competencia y las prácticas de violencia y la invisibilización minorías a través de su reubicación, reincorporación o venta de territorios ancestrales (Scahill, 2013).
Pedagogía para la paz en el contexto de posacuerdo
La pedagogía está construida sobre una amplia gama de saberes, influida por contextos históricos, sociales y culturales. De esta manera, genera propuestas que se expresan en modelos educativos que destacan y priorizan campos de valores y concepciones del mundo y de la sociedad. En este sentido, emerge la pedagogía para la paz, situándose como un conjunto de iniciativas y prácticas educativas que pretenden fortalecer la capacidad crítica y de actuación de las personas ante las injusticias y las contradicciones sociales en escenarios que trascienden y superan con creces los límites del espacio y tiempo escolar, impactando en organizaciones sociales, institucionales y comunitarias (Useche, 2014).
A través de la pedagogía como escenario de encuentro de saberes, las sociedades construyen lo que son e imaginan lo que quieren ser. En medio de sus dinámicas mutuas se reproducen hábitos y valores, se vislumbran otras posibilidades y se crean nuevas realidades u oportunidades de vida para los individuos y sus comunidades (Useche, 2014). Este potencial convierte a la pedagogía para la paz en un ámbito de acción determinante para la transformación de una sociedad que, como la colombiana, ha estado sumida en décadas de violencia, afectando todas sus dinámicas económicas, sociales, institucionales y fronterizas.
La frontera colombo venezolana es un territorio que comprende 2.219 kilómetros y que se caracteriza por poseer zonas altamente biodiversas y otras con grandes riquezas en recursos minero-energéticos. La complejidad de sus problemas sociales - las consecuencias de las políticas migratorias de ambos países, la situación socio política en Venezuela y su crisis económica; el conflicto armado interno en Colombia, el tráfico de todo tipo de bienes entre las dos fronteras, la presencia de bandas criminales -entre otros-, hace que la intervención social con las comunidades que allí habitan sea cada vez más urgente y desafiante (Ramírez, 2011). Las consecuencias del conflicto armado en Colombia y la negligencia de ambos gobiernos para garantizar los derechos humanos fundamentales, han impactado significativamente en dicha región, tensionando la vida pública y privada, y al mismo tiempo, cimentando condiciones de violencia e inseguridad de un lado y otro de la frontera.
Siguiendo a Fisas (1998), la guerra y cualquier forma de violencia organizada son fenómenos culturales, y, como tales, se aprenden y se desaprenden; tanto la guerra como la paz son frutos culturales, resultados de decisiones humanas y de empeños sociales. En este escenario, la pedagogía para la paz se plantea como el vehículo de transformación que permitirá la consolidación de una cultura de paz y de desarme emocional, y la emergencia de herramientas para que los conflictos puedan ser tramitados de manera no-violenta; apuesta que se ha venido desarrollando en Colombia a lo largo de las últimas décadas y que adquiere, en el actual escenario de posacuerdo y de crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, gran relevancia para la implementación y sistematización de prácticas sociales o políticas públicas que aborden y propicien la convivencia pacífica.
De acuerdo con Freire (2015), las Pedagogías para la Paz implican entender la construcción de paz como un proceso, explorando los diversos sentidos relacionales, estructurales o emocionales a la hora del análisis metodológico de cualquier iniciativa social, política o cultural. Algunas ideas sobre dicha delimitación surgen de diversos y reconocidos autores. Para Galtung (2003), la paz es el “despliegue de la vida”. Para Lederach (2000) lejos de concebir la paz como un “estado final” estático, la concibe como una continua evolución y un desarrollo de las relaciones sociales; invita a ver la paz como un proceso en el cual se valoran las paradojas, donde se es posible imaginar una red de relaciones que incluya no solo a las víctimas sino también a los victimarios, pues ellos serán quienes hagan de nuevo parte de la sociedad y deben ser aceptados e integrados. A medida que las partes negociadoras proponen temas para un acuerdo, es necesario reconstruir la confianza perdida de las personas, la cual dejó de existir como un mecanismo de defensa social (Martínez, 2016).
La reflexión y profundización en torno a la pedagogía para la paz en el actual contexto de crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana y los procesos de posconflicto en la zona, resulta pertinente, relevante y necesaria en pro de la consolidación de iniciativas de atención humanitaria de ejecución mixta entre entidades no gubernamentales, gobierno y sociedad civil, que permitan abrir el camino a la democratización de la sociedad en ejercicios de restitución de derechos.
Los procesos de construcción de paz se componen de diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, educativos, culturales y ambientales, que buscan la transformación de un contexto social y/o político determinado que se encuentra en conflicto armado o crisis (Galtung, 2003). Dentro de un proceso amplio de construcción de paz, se entiende al campo de la Educación para la Paz como uno epistemológico y de metodologías, que aporta las herramientas necesarias para aprender a abordar los conflictos humanos de una manera positiva, evitando la expresión violenta de los conflictos, como condición inherente a la naturaleza humana. Asimismo, la Educación para la Paz corresponde a un enfoque de análisis teórico del cual se desprenden muchos tipos de pedagogías y perspectivas para crear una cultura de paz y, en síntesis, responde a nuevas formas educativas, es decir, nuevas prácticas para abordar los contextos sociales donde hay o ha habido varias expresiones de conflicto y violencia ya sea directa, estructural y cultural, según (Galtung, 2003).
La disciplina como campo teórico y práctico surgió en años posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando las y los educadores buscaban herramientas para prevenir futuras guerras y se enfocaron en enseñar para la paz; para la no repetición de la guerra. En este sentido, distintos teóricos y pedagogos han desarrollado pedagogías para la paz cuyo fin último es la puesta en práctica de metodologías que potencien el salto desde la violencia hacia una cultura de paz que potencie valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no-violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación (Ugarriza, 2013). Entendido así, el campo de la Educación para la Paz o Pedagogía para la Paz concibe la paz no solo como la ausencia de guerra y/o violencia, sino también como un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueven el diálogo y la regulación de los conflictos, en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.
Las pedagogías que apuestan por la transformación y construcción de una cultura de paz fomentan cambios en la forma de relacionarse las personas o colectivos, mediante prácticas de justicia social que incluyen relaciones basadas en la tolerancia, la inclusión y el respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, integran la propia experiencia con la realidad, estimulan la transformación y superación de las violencias transmitidas de generación en generación, y fomentan vías pacíficas y creativas para transformar conflictos, analizarlos dialogar, debatir con respeto, cooperar, arbitrar, reconocer intereses y necesidades propias y de las y los demás; entre otras muchas prácticas y capacidades (Ugarriza, 2013).
Pedagogía para la paz y tejido social en la frontera
Toda forma elegida para asumirnos como sujetos es una construcción cimentada en interacciones sociales y en prácticas cotidianas, que una vez empoderadas adquieren el estatus de “narraciones dominantes” (Sánchez, 2001). Las narraciones dominantes sobre competencia e individualismo fortalecidas por las prácticas neoliberales del mercado se transmiten a través de los medios, el sentido común, la ciencia, las instituciones y estructuras sociales; tocan la cotidianidad de la gente, sus acciones, sus prácticas, sus costumbres; comunican estereotipos, imponen límites (por lo normal implícitos), diseñan con sutileza posibilidades de ser, estar, pensar, sentir en el mundo. Movilizan dispositivos capaces de encausar a la mayoría de las personas hacia un punto determinado, imponiéndose sobre narraciones comunitarias y locales e impidiendo que se constituyan en alternativas para remplazar el orden impuesto. Por ello, Foucault (1991) plantea la necesidad de visibilizar el sistema de poder que sustenta este tipo de narraciones culturales dominantes, naturalizadas e inmersas en lo ordinario de nuestras acciones, haciéndose más efectivas en la medida de su invisibilidad.
Los cuerpos contemporáneos, sujetos a las transformaciones históricas de la modernidad y producidos bajo modelos sociopolíticos de consumo, se ven constituidos por creencias, prácticas y estructuras que sobreponen condiciones individuales (como la competencia) sobre la realidad de cuerpo colectivo y colaborativo (Useche, 2014). Es la narración dominante que hoy permea las instituciones educativas y la sociedad en general.
Maturana (1995) se distancia de esa aparente única forma de concebir el desarrollo de la humanidad. Afirma que la constitución de lo humano sólo es posible en ambientes que favorecen la colaboración y el compartir, y que sólo los espacios en que reconocemos “al otro como un legítimo otro” (p.75) podemos llamarlos de relación social; la competencia, para él, es sinónimo de la negación del otro. En su conferencia Fundamentos Matrísticos afirmó: “ante todo, somos mamíferos.... como mamíferos somos un tipo de animal que tiene necesidad de estrecho contacto corporal con otros por lo menos en algunos momentos de su vida…” (Maturana, 1995, p.280). Es a partir de ese contacto que surge el lenguaje: no desde la agresión, sino desde la convivencia.
Para construir nuevas formas de narrarnos y abrir posibilidades a la incorporación del sujeto colectivo, se ha de poner un interrogante sobre los discursos que entretejen el entramado de la competencia (estatus de visa, estatus de ciudadanía, condición migratoria), y poner en cuestión la idea de concebirnos como individuos para posicionarnos asumiendo al sujeto.
Nos encontramos, pues, con la necesidad de abrir paso a nuevas formas de decirnos, que permitan a los cuerpos contemporáneos narrarse desde un lugar más colectivo que individual, con la posibilidad de redefinir lo que somos como realidad construida socialmente a través del lenguaje y en la interacción. Si bien parece ser una tarea titánica, su posibilidad radica en la tarea de favorecer o estar atentos a la emergencia de líneas de fuga que puedan aparecer al interior de la trama micropolítica que rodea nuestra cotidianidad y nuestro quehacer profesional saber (Elizalde y Yentzen, 2003).
Los ciudadanos de la frontera están permeados de manera constante por las acciones políticas implementadas por los gobiernos de ambos países, la precaria presencia del Estado y, al mismo tiempo, las tendencias de las sociedades contemporáneas a la configuración cada vez más creciente de la ciudadanía diferenciada (Mockus, 2012). Entonces, tal vez es posible que surja una nueva categoría de esta ciudadanía diferenciada que corresponda a los ciudadanos de la frontera y que, en este punto, los Estados se vean compelidos a crear áreas de integración fronteriza en donde los sujetos puedan poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política, al mismo tiempo que un reconocimiento de esa comunidad política como miembros activos de la misma.
Desde ese lugar de comprensión de la Pedagogía para la Paz, se encuentra el reto para la frontera colombo-venezolana, el cual se extiende al ejercicio de comprensión transfronterizo, de fomentar una noción de pedagogía orientada a la transformación y encuentro de prácticas y saberes que facilita encontrarle sentido a la paz, y busca mover el sistema de creencias, valores, percepciones, representaciones y actitudes que requiere una sociedad que tramita la reconciliación y busca consolidar conversaciones y relaciones de empatía, respeto y reconocimiento hacia el otro en contextos de alta vulnerabilidad y tensión sociopolítica.
La frontera colombo-venezolana conformada por cinco ámbitos: caribeño, Perijá-Catatumbo, Norte de Santander-Táchira, llanero y Orinoco (Ramírez, 2011), evidencia diversos conflictos que podrían ser agrupados en cuatro aspectos: las relaciones comerciales; la infraestructura y los recursos energéticos; el desarrollo fronterizo representado en la calidad de vida de sus habitantes y su perspectiva de futuro; y, por último, la seguridad y la regulación de la violencia que no encuentran un espacio de tramitación estatal y que se presenta como opción a los habitantes fronterizos por estar abandonados a sus propias fuerzas (González, 2008).
El actual proceso de posconflicto y migración en la frontera colombo-venezolana, involucra repensar la compleja relación entre los actores sociales, volcando su mirada hacia un espectro territorial más que diferencial en el sentido de adentrarse en las características particulares de cada espacio geográfico, abriendo posibilidades a ocuparse de las necesidades y experiencias particulares. Vale decir, que la implementación está sujeta a los procesos de relación que tejen las comunidades desde los ejercicios de poder presentes, así como desde las propias dinámicas sociales, culturales, históricas y económicas que se dan desde la peculiaridad de cada contexto (Mockus, 2012); por lo que las apuestas en pedagogía para la paz se enriquecen de las particularidades de los territorios y abren la invitación y se plantean como reto, el expandirse desde una mirada poblacional que permita la réplica y divulgación del conocimiento en el escenario nacional.
Para superar las distancias entre instituciones estatales y realidades sociales, la invocación a lo público debe articular las diferencias y particularidades en el conjunto de la vida de los ámbitos fronterizos aprovechando y profundizando las posibilidades de participación que otorgan los marcos constitucionales de los dos países, así como pensar y repensar la relación entre los Estados y las sociedades como realidades complementarias y no contrapuestas (González, 2008). El sentido de lo público como cultura ciudadana en construcción señala la necesidad de una formación, organización y actividad políticas que vayan gradualmente superando la brecha entre las instituciones estatales y las realidades políticas de ambos países.
En este contexto, la Pedagogía para la Paz constituye un proceso social y una práctica formativa que busca desarrollar conocimientos, actitudes y destrezas bajo los cuales sea posible aprender críticamente la paz desde tres grandes ejes: accionar tradicional, ligado a lo funcional-misional, esto es, la cohesión social y garantía de los derechos humanos; acción de mediación, que incluye la participación contingente en proyectos o asesorías, en acciones de pedagogía relacionadas con el conflicto o el posconflicto; y la acción de construcción de paz, involucramiento directo en acciones derivadas de procesos de paz como compromiso institucional no solamente coyuntural.
CONCLUSIONES
La construcción de paz se puede ver como objetivo y proceso. Como objetivo porque implica desarrollar una nueva manera de ver la dinámica social, principalmente sobre las guerras, conflictividades y conflictos, integrando diversas visiones, metodologías y perspectivas transdisciplinarias para su abordaje y comprensión. Como proceso, supone el reconocimiento de relaciones sociales reestructuradas desde un enfoque reflexivo, crítico, complejo y sensible; desde esta óptica, la pedagogía para la paz permite el desarrollo de reflexiones y prácticas que favorecen la construcción de paz. Con vistas a reconocer los aportes y retos de la pedagogía para la paz en la frontera colombo venezolana, el presente artículo aporta puntos clave de reflexión para la construcción de paz en esa región desde un enfoque pedagógico, caracterizando los retos y alcances de su implementación en el contexto de posacuerdo.
En este contexto, la emergencia del concepto de educación para la paz, resulta como una forma de despolitización de la sociedad civil, puesto que, desde esta perspectiva su programa queda reducido a la promoción de una cultura de paz (Fisas, 1998) o al fortalecimiento de la civilidad (Medina, 2009), sin que le concierna algún papel efectivo en la negociación, vale decir, sin que se considere parte de un proceso político a largo plazo, teniendo en cuenta la intrínseca relación entre educación y política (Mejía, 2012).
Bajo escenarios retantes de personas que migran llegando a ser refugiados ante la precariedad de sus condiciones de vida y seguridad en sus países de origen, sumado a las condiciones de conflicto armado y posconflicto, como es el caso de la frontera colombo venezolana; la pedagogía para la paz se convierte en una herramienta para educar en y para el conflicto, desenmascarando la violencia y educando el inconformismo, la acción ciudadana y el desarme. Su invitación implícita es la de en transformar los conflictos a través del desarme cultural, promoviendo una ética global y un consenso fundamental sobre convicciones humanas integradoras. De acuerdo con el análisis explorado; surgen las siguientes recomendaciones para la implementación de pedagogías para la paz desde la perspectiva fronteriza:
• Los principios pedagógicos, sociopolíticos y las formas como deben operar los órdenes regulativos e instruccionales de una pedagogía para la paz que permanezca como eje de transformación de relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la aceptación de la diferencia, deben promover la generación y cuidado de lazos sociales que tengan como resultados ejercicios de movilización.
• La construcción de paz debe partir de las condiciones micropolíticas y culturales de cada grupo poblacional con el fin de vincularla como reflexión y práctica cotidiana; lo cual implica el acercamiento a las particularidades de vida de las personas en los diferentes ámbitos de vida cotidiana (familia, trabajo, ciudad, comercio).
• La pedagogía para la paz debe trabajarse con los líderes locales y actores clave que, en el territorio, dadas las características poblacionales de frontera, tienen incidencia; tal es el caso del sector religioso, del sector educativo, del sector financiero, de las juntas de acción comunal, de los líderes ambientalistas y de comunidades diversas; así como requiere vincularse con procesos de formación en torno a los mecanismos de exigibilidad de derechos.
• Los ejercicios de pedagogía para la paz han de vincularse con la superación de barreras de acceso administrativas, culturales, sociales y económicas, para la garantía de mínimos necesarios y justos en un Estado Social de Derecho.
REFERENCIAS
Acebey, F. (2015). Ornelas, Raúl (coord.) (2013), Crisis civilizatoria y superación del capitalismo. Prob. Des, 46 (180), 187-189. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v46n180/v46n180a13.pdf
Barrera, A. (2018). El fracaso del diálogo en Venezuela: un paso más hacia el abismo. The New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2018/02/11/el-fracaso-del-dialogo-en-venezuela-un-paso-mas-hacia-el-abismo/
Bautista, S. (2017). Contribuciones a la fundamentación conceptual de paz territorial. Revista Ciudad Paz-ando, 10.1, 100-110. Recuperado en: https://doi.org/10.14483/2422278X.11639
Boedi, R. (2013). La ira: pasión por la furia. Madrid, España: Antonio Machado
Congreso de la Republica de Colombia (junio 10 de 2011). Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios. [Ley 1448 de 2011] Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/ley1448.pdf
Elizalde, A. y Yentzen, E. (2003). Hacia un rescate de utopías y sueños colectivos. Polis, Revista
Fisas, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona, España: Icaria.
Foucault, M. (1991). El sujeto y el poder. Bogotá, Colombia: Carpe Diem Ediciones.
Freire, P. (2015). Pedagogía del oprimido (Mellao, J., trad.). Ciudad de México: Siglo XXI editores.
Galtung, (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao, España: Bakeaz/Gernika Gogoratuz. Latinoamericana, 2(6), 1-14. Recuperado de http://journals.openedition.org/polis/6416
Lederach, J. (2000). El ABECÉ de la paz y los conflictos. España, Madrid: Catarata.
Martínez, C. (2016). Mandela y la construcción histórica de la noviolencia. Otras formas de hacer y de pensar. Polis, Revista Latinoamericana, (43), 1-19. Recuperado de https://journals.openedition.org/polis/11573
Maturana, H. (1995). La democracia es una obra de arte. Bogotá, Colombia: Mesa redonda magisterio.
Medina, C. (2009) Conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Memoria casos FARC-EP y ELN. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Mejía, M. (2012). Educación y Pedagogías Críticas desde el Sur. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.
Mijares, V. y Rojas, N. (2018). Venezuelan Migration Crisis puts the Region´s Democratic Governability at Risk. GIGA Focus Latin America, (6), 1-13. Recuperado de https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-59911-3
Mockus, A. (2012). Pensar la universidad. Medellín, Colombia: Fondo Editorial EAFIT.
Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades, propuesta para el desarrollo humano, (Santos A., trad.). Barcelona, España: Paidós sello editorial de Espasa Libros.
Observatorio Venezolano de Violencia. (2018). Informe Anual de Violencia 2018: La violencia presenta nuevos rostros en el país: el empobrecimiento y la letalidad policial. Recuperado de: https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2015). Démosle una oportunidad a la Paz. Bogotá, Colombia: Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP.
Ogilvie, B. (2013). “Comparar lo incomparable”, en: Bertrand Ogilvie, El hombre desechable: ensayos sobre el exterminio y la violencia extrema. Buenos Aires: Nueva Visión.
Ramírez, S. (2011). Colombia Venezuela: una intensa década de encuentros y tensiones. En R, Francesca; C, Romero y H, Ramírez (Editores), Hugo Chávez, una década en el poder. Bogotá, Colombia. Cepi/OV/UR
Salazar, M. (2013). Memorias desde el retorno Sistematización de las prácticas de memoria impulsadas en los programas de retorno al municipio de San Carlos, Antioquia 2009 – 2013. Colombia: Editorial Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/tejiendoMemoriasSanCarlos/pdf/sistemapdf
Sánchez, A (2001). Las narraciones comunitarias como fuente de lazos sociales empoderantes. Colombia. Revista Signo y Pensamiento Pontificia Universidad Javeriana, XX (38) p.p. 94-101.
Scahill, J. (2013). Guerras Sucias. El mundo es un campo de batalla. Madrid, España: Paidos.
Sofsky, W. (2004). Tiempo de horror: amor, violencia, guerra. Madrid, España: Siglo XXI.
Ugarriza, J. (2013). La dimensión política del posconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos. Revista Colombia Internacional, (77), pp. 141-176.
Useche, O. (2014), Micropolítica de las resistencias sociales noviolentas. El acontecimiento de las resistencias como apertura de nuevos territorios existenciales (Tesis doctoral en Paz Conflictos y Democracia). Universidad de Granada, España, Granada.
[1] Artículo derivado del proyecto de investigación: Comprensión y definición de espacios narrativos que faciliten la construcción de herramientas de apoyo psicosocial para un grupo de mujeres denominado “de mujeres de paz, hacia mujeres de paz” víctimas del conflicto armado, desde la perspectiva sistémico construccionista social”. Avalado y financiado por la Universidad Central de Bogotá.
[2] Magíster en Intervención en Sistemas Humanos, Universidad Central de Bogotá. Investigadora y Consultora Psicosocial, Universidad Central de Colombia. E-mail: leguizamond@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0895-6192. Bogotá, Colombia
[3] Doctor en Ciencias Humanas, Universidad Austral de Chile. Académico e Investigador asociado al Grupo “Investigación en Educación, Cultura y Transformación Social” (ICET) de la Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Chile. E-mail: eduardo.sandoval@uautonoma.cl ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7471-6536. Temuco, Chile.